El aparato estatal se ha puesto al servicio de una sola persona, desviando recursos públicos, estructura gubernamental y hasta programas oficiales para construir una imagen política que no se sostiene por mérito propio.
Durante los últimos tres años, diversas organizaciones han señalado de manera reiterada que en San Luis Potosí existe una grave situación de violación a los derechos humanos, la cual se ha venido agravando día con día.
La pregunta que queda en el aire es si esta ausencia fue una respuesta velada al gobierno federal tras la reciente propuesta contra el nepotismo lanzada por la presidenta.
