Por efectos del movimiento navista, el estado de San Luis Potosí, en los años noventa, se convirtió en ejemplo de democracia, al ser la primera entidad en conformar un organismo electoral autónomo, ciudadano e imparcial, para garantizar lo que los ciudadanos sufragasen con independencia y confiabillidad, en los procesos electorales y para ello a su vez, se consolidaba con un Tribunal Estatal Electoral igualmente confiable, y con apego a Derecho.
Hoy tal parece, quienes se encuentran en el poder ejecutivo estatal, harán añicos la credibilidad, imparcialidad y autonomía del Tribunal Electoral del Estado, y esto debido a los últimos acontecimientos en materia de Derechos político-ciudadanos.
El pasado mes de enero, el TTE retiró al Partido de la Revolución Democrática (PRD) su registro como partido político ante el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; el instituto político recurrió a la Sala Superior de Monterrey para revocar esta sentencia, para que se les devuelva su registro.
En este mes de febrero, esa misma instancia local decidió que era invalida la elección como presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional a Verónica Rodríguez Hernández, y ordenó reponer el proceso para elegir al dirigente estatal.
Este viernes 21 de febrero, el TEE sesionó y es un hecho que se consumó la expulsión de Enrique Galindo Ceballos, actual presidente municipal de la Capital potosina, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) debido a un proceso interno para expulsarle, solicitado por la actual dirigente estatal, Sara Rocha Medina, y que a decir de expertos en derecho electoral, es muy endeble así como poco creíble, con lo que lograría continuar con su militancia sin problemas; sin embargo, el tribunal local emitió un fallo en favor de que no continue como priísta.
El Tribunal Estatal Electoral está integrado por la magistrada presidenta Dennise Adriana Porras Guerrero; el secretario de estudio y cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar; y por el secretario de estudio y cuenta en funciones de magistrado, Gerardo Muñoz Rodríguez; si, como lo lee usted bien, prácticamente dos encargados de despacho imparten justicia electoral, pues no fueron ratificados por el Senado de República, los mismos quienes a toda costa, se ve, quieren conservar su trabajo bien remunerado.
La actual presidenta Denisse Porras, de quien se decía era una abogada y magistrada proba y honesta, hoy es prácticamente quien ordena a los dos secretarios en funciones de magistrados cuál debe ser la intención del voto en las sentencias. ¿Y quién baja la línea? Horrenda y vieja frase que hoy se supone en nuestro país esta erradicada de la política por los nuevos tiempos que marcan la llamada 4T y sus aliados: Esa línea se baja desde el despacho de la Secretaría General de Gobiern, que encabeza J. Guadalupe Torres Sánchez.
La expulsión de Galindo Ceballos como militante del PRI, y de quien no cabe duda recurrirá a una segunda instancia de carácter Federal, y junto con los otros casos que se exponen del PRD y el PAN se comprueba que desde estos tiempos y desde el poder realizan toda una sucia operación para quitar del camino a quienes sean una real oposición hacia el movimiento gallardista, y para terminar pronto y sin mayores dudas, de quien les resulte incomodo y representa un contrapeso, como es el caso del alcalde potosino.
El abogado y secretario general de gobierno con esto demuestra no solo el poder de presión que ejerce en ciertos ámbitos legales y judiciales, pues en muchos sectores políticos del Estado potosino lo mencionan como quien ambiciona dirigir desde su silla el Poder Judicial del Estado, y en lugar de tejer fino y con diplomacia, convierte su operación en un burdo kínder legal, que inevitablemente caerá peor que el imperio romano y que solo exhibirá al Tribunal Estatal Electoral a nivel nacional de que no goza de autonomía, y muchos menos de una sana imparcialidad.
Con esto se prenden las alarmas para la propia presidenta Claudia Shiunbaum, sobre el intento de llevar a San Luis Potosí a algo parecido a un virreinato, donde el poder está en manos de un feudo de ambición por el poder, lo que significa económicamente, que va en contra de los principios del Gobierno Federal y la llamada 4T.
Y la pregunta es ¿Para eso quieren el control del Poder Judicial?
La respuesta más cercana podría ser: Para apabullar a quien les estorbe en sus planes de eternizar su poder. Cabe señalar y todo apunta a que estos movimientos a un proyecto personal con la mira puesta en el 2027 el que parece lejano, pero hay personajes que lo quieren acercar lo antes posible.
