El aparato estatal se ha puesto al servicio de una sola persona, desviando recursos públicos, estructura gubernamental y hasta programas oficiales para construir una imagen política que no se sostiene por mérito propio.
¿Cómo podemos justificar una decisión así cuando no existe un motivo claro, un plan concreto o, peor aún, una consulta previa con las familias afectadas?
