Gallardo y sus mentiras: el pago a maestros fallecidos y la farsa de la «herencia maldita»

San Luis Potosí sigue siendo testigo de los excesos, la opacidad y las mentiras del gobernador Ricardo Gallardo, quien en su más reciente declaración sobre los pagos irregulares a maestros fallecidos intentó desviar la responsabilidad con una narrativa tan cínica como falsa. Afirmó que los familiares de los docentes no notificaban las defunciones, al tiempo que señaló a supuestos funcionarios de la «herencia maldita» como responsables de estos pagos indebidos. Sin embargo, la realidad desmonta por completo su farsa.

El verdadero artífice de la dispersión de los recursos a los maestros en la actual administración es Felipe de Jesús Quezada Montaño, Coordinador General de Remuneraciones de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, un funcionario que no proviene de ninguna «herencia maldita», sino de la propia estructura que Gallardo ha impuesto en San Luis Potosí. Quezada Montaño es parte de la llamada «legión extranjera», un grupo de operadores provenientes de la Ciudad de México que el gobernador potosino integró en su administración como cuota política con la dirigencia nacional de su partido. En otras palabras, los responsables de los desfalcos no son los gobiernos anteriores, sino la propia gente de Gallardo.

Pero el escándalo no termina ahí. Quezada Montaño arrastra consigo un historial preocupante: proviene de SEGALMEX, la paraestatal envuelta en uno de los mayores casos de corrupción en la historia reciente de México, con investigaciones abiertas por desvíos millonarios de recursos. No es coincidencia que ahora, desde su posición privilegiada en la SEGE, se repitan las irregularidades en el manejo del dinero público.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) pagó 2 millones 544 mil 500 pesos a 46 trabajadores identificados como fallecidos en el ejercicio fiscal 2023 o incluso en años anteriores. A pesar de que parte de estos pagos fueron aclarados o reintegrados, la realidad es que el gobierno estatal incumplió sus obligaciones de transparencia y no entregó los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). ¿Y quién estaba a cargo de estas irregularidades? La administración de Gallardo, no la «herencia maldita».