La crisis financiera en el sector Salud estalló nuevamente en el estado: tras semanas de protestas de médicos jubilados del Hospital Central, la Secretaría de Salud admitió públicamente su incapacidad para cumplir con el pago de pensiones a más de 50 profesionales que dedicaron décadas al servicio público. Un escándalo que evidencia la falta de previsión institucional y el desvío de recursos críticos, ahora disfrazado bajo la excusa de la implementación del modelo IMSS-Bienestar.
En un comunicado frío y desprovisto de autocrítica, la titular de la Secretaría de Salud, la mercadóloga, Leticia Gómez Ordaz justificó el impago alegando que, tras la absorción de los servicios por parte del IMSS-Bienestar, los fondos que antes se obtenían de cobros a pacientes no derechohabientes —y que servían para complementar las pensiones— han desaparecido. “No existe ya un recurso para pagar las prestaciones adicionales”, declaró la funcionaria, trasladando cínicamente la obligación a la Federación y deslindando al estado de cualquier responsabilidad.
Peor aún, afirmó que el gobierno local solo debe ocuparse de “promoción a la salud y prevención de enfermedades”, como si el bienestar de quienes sostuvieron el sistema durante años fuera un estorbo administrativo.
Los médicos jubilados, muchos en edades avanzadas y con necesidades médicas propias, denuncian que el estado los ha abandonado tras años de promesas incumplidas. “Nos quitaron el fruto de nuestro trabajo. ¿Así se recompensa la entrega a la salud pública?”, cuestionó uno de los afectados, quien prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.
Criticados por organizaciones civiles y sindicatos, el gobierno estatal y federal se enredan en una pulseada burocrática: mientras el primero insiste en que la Federación debe asumir los pagos, expertos señalan que ni el IMSS-Bienestar ni la Secretaría de Hacienda han presentado un plan concreto para resolver el vacío financiero.
