La activista y víctima reconocida, María de Jesús Almendárez Prieto, «Marichuy», acudió al Congreso del Estado para dar seguimiento a la solicitud de comparecencia contra la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Argüelles Moreno, a quien exige su salida inmediata del organismo por presunta fabricación de delitos, omisión y revictimización.
Almendárez Prieto explicó que el pasado 11 de noviembre entregó un oficio dirigido a los diputados Marco Antonio Gama Basarte y Leticia Vázquez Hernández, con el objetivo de que la ombudsman explique tres puntos fundamentales ante el Poder Legislativo:
- La presentación de denuncias penales presuntamente fabricadas en su contra y de otra víctima identificada como la señora Silvia.
- La imposición de medidas de restricción que le impiden acercarse a cualquier oficina o personal de toda la institución, a pesar de que el conflicto se originó con la titular.
- La inacción administrativa frente a las agresiones cometidas por personal del organismo, señalando específicamente que la primera visitadora le envió una imagen obscena (un sticker de una vagina), hecho que consideró sumamente grave dada su condición de víctima de abuso y acoso sexual.
«Solicito que Giovanna se tiene que ir. Sí o sí se tiene que ir porque ya estamos cansados; tengo dos años que no tengo derechos humanos ni a dónde ir y las autoridades me siguen violentando», sentenció la activista.
Sobre los procesos legales iniciados por Argüelles Moreno, “Marichuy” detalló que inicialmente la denunciaron por presunta discriminación y por supuestamente haberla empujado por unas escaleras. Sin embargo, alertó que existe una segunda carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado por el delito de privación ilegal de la libertad, tanto en su contra como contra la señora Silvia Castillo, la cual aseguró que mantienen «guardada» para utilizarla políticamente cuando su activismo resulte incómodo.
«Yo nunca privé de la libertad a nadie, pero la tienen escondida para cuando sea más incómoda, la van a sacar. De una vez estén avisados, por si me llega a pasar algo», advirtió.
Sobre la comparecencia de la titular de la CEDH, programada por el Congreso para el próximo 23 de noviembre, la activista rechazó que se realice a puerta cerrada o sin la presencia de las personas afectadas. Advirtió que no permitirán una “comparecencia a oscuritas” en la que se les niegue el derecho a ser escuchadas.
Asimismo, cuestionó la postura del gobernador del estado, a quien acusó de defender a la titular de un organismo que debería ser autónomo y de revictimizar a los colectivos con sus declaraciones públicas, en las que afirmó que las manifestantes estaban «acuchillando» a la presidenta. Ante ello, anunció que también interpondrá una queja formal contra el mandatario estatal.
Finalmente, aunque reconoció que «no hay piso parejo» debido a la presunta imposición de Argüelles Moreno desde el Ejecutivo, aseguró que las víctimas mantendrán la exigencia pública: «Hay una ingobernabilidad en derechos humanos desde que entró Giovanna. Si no tiene nada que esconder y ha hecho las cosas bien, que salga y dé la cara a las víctimas», puntualizó.






