Integrantes del colectivo Voces y víctimas que mantienen tomada la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí respondieron a las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien descalificó las protestas al considerarlas ataques de índole política y de género en contra de la presidenta del organismo, Giovanna Argüelles Moreno. Las manifestantes puntualizaron que el movimiento no cuestiona la vida privada ni la condición física de la titular, sino su desempeño institucional y la falta de resultados frente a cientos de expedientes congelados.
La vocera Natalia Castillo y las inconformes señalaron que la condición de mujer o de discapacidad no debe funcionar como justificación para eludir la rendición de cuentas en la función pública. Desde las instalaciones de la dependencia, subrayaron que la protesta responde a un rezago sistemático, ejemplificado en un acumulado superior a 1,100 quejas durante los últimos tres años frente a un promedio cercano a diez recomendaciones anuales. Asimismo, contrastaron la lentitud en la atención a ciudadanos comunes con la rapidez en resoluciones dirigidas a figuras del ámbito político.
La réplica de las activistas también abordó las expresiones del mandatario estatal, quien calificó la exigencia de comparecencia legislativa como una intención de «hacer manita de cochino» y acusó a los inconformes de «apuñalar» a la funcionaria. Al respecto, el colectivo afirmó que tales señalamientos comprometen la autonomía formal del organismo defensor, al sugerir que las recomendaciones se frenan por conveniencia del Poder Ejecutivo y de municipios afines.
Se expusieron testimonios de diversas víctimas que denuncian haber sido ignoradas o revictimizadas por el personal de la institución. Entre los casos señalados figuran agresiones físicas atribuidas a funcionarios internos, omisiones en el seguimiento al rescate de una menor víctima de trata, denuncias por discriminación laboral y la falta de resolución en las quejas promovidas por extrabajadores estatales.
Las manifestantes reiteraron que la toma de las instalaciones se realiza bajo protocolos pacíficos y sostuvieron que no levantarán la protesta hasta que se formalice la renuncia de la presidenta de la comisión, se sancione al personal señalado por agresiones y se garantice un proceso de reestructuración encabezado por perfiles independientes y capacitados en la materia.
