Luego de una batalla legal, el Poder Judicial de la Federación obligó al Hospital Central a brindar atención médica a una paciente con enfermedad renal que no estaba recibiendo sus sesiones de hemodiálisis. La decisión se tomó luego de que un juez federal acudiera personalmente al nosocomio para exigir el cumplimiento de la orden judicial emitida el 31 de diciembre pasado.
El abogado Isaac Ramos, representante legal de la paciente, explicó que el problema de falta de atención en el Centro Estatal de Hemodiálisis es grave, ya que está saturado y muchos enfermos deben recurrir a clínicas privadas para recibir tratamiento, lo que representa un gasto inalcanzable para la mayoría de ellos.
“La paciente en cuestión necesitaba dos sesiones de hemodiálisis a la semana, pero el hospital no le estaba brindando el tratamiento, lo que nos llevó a interponer un juicio de amparo. Ante la falta de cumplimiento de la orden judicial, el juez tercero de distrito acudió personalmente al Hospital Central para exigir explicaciones”, detalló Ramos.
Tras la intervención del juez, el hospital notificó a la paciente que sus sesiones de hemodiálisis estaban programadas para los días martes y sábado. Sin embargo, el abogado enfatizó que la problemática persiste y que existen numerosos pacientes en condiciones similares que siguen sin recibir la atención médica necesaria.
“Hoy celebramos que esta paciente ya tenga su tratamiento, pero seguimos teniendo pacientes que no están recibiendo sus sesiones de hemodiálisis y que deben gastar entre 6,000 y 7,000 pesos semanales en clínicas privadas, cuando sus ingresos no superan los 2,000 pesos”, expuso.
Además de la saturación del Centro Estatal de Hemodiálisis, Ramos destacó que el problema no radica en el personal médico, sino en la administración de los recursos. “El juez incluso vinculó a la Secretaría de Finanzas para que destinara una partida presupuestal y garantizara la atención de esta paciente. Lamentablemente, esto demuestra que la única manera de lograr atención médica es a través de la vía judicial, lo que resulta preocupante”, agregó.
El abogado también informó que su despacho actualmente atiende a más de 400 pacientes con insuficiencia renal y que al menos seis de ellos no están recibiendo sus sesiones de hemodiálisis de manera adecuada. Entre estos casos, hay dos menores de edad que tampoco han recibido fechas para su tratamiento.
Ramos subrayó que la falta de hemodiálisis pone en riesgo la vida de los pacientes, pues la acumulación de líquidos en el cuerpo puede derivar en consecuencias fatales. “El derecho a la salud es un derecho constitucional y no debe ser tratado como un favor. La autoridad está obligada a cumplir con esta responsabilidad, y si no lo hace voluntariamente, el juicio de amparo sigue siendo la única herramienta efectiva para garantizar la atención médica”, concluyó.
