La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí realizó la orden de aprehensión tras una denuncia por incumplimiento de contrato en la construcción de inmuebles.
La operación también plantea interrogantes sobre la eficacia de las políticas de seguridad en zonas rurales y despobladas, donde la presencia de menores en actividades delictivas expone a la sociedad a una posible normalización de la violencia.
Resulta preocupante que, en un contexto donde la seguridad vial y la protección ciudadana son prioritarias, se presenten conductas que ponen en peligro la integridad tanto del propio infractor como de terceros, especialmente de los más vulnerables.
La sociedad debe de cuestionarse si la aplicación de medidas punitivas es la solución más adecuada o si se debería apostar por estrategias más integrales que aborden las causas del consumo y la distribución de drogas.
