Una marcada contradicción institucional emergió entre el Ejecutivo estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) tras el secuestro de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas. Mientras el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona sostuvo que el ataque ocurrió en Zacatecas, la fiscal general María Manuela García Cázares confirmó que el delito se perpetró dentro del territorio de San Luis Potosí, en las inmediaciones del municipio de Vanegas.
García Cázares detalló que las víctimas se dirigían hacia Real de Catorce cuando un grupo armado se les emparejó al ingresar a suelo potosino. Los agresores privaron de la libertad al edil y a otro acompañante, trasladándolos hacia Zacatecas, mientras que al resto de los familiares los liberaron en otro punto. Las víctimas lograron huir de sus captores en territorio zacatecano y abordaron un autobús con destino a Saltillo, Coahuila, donde recibieron auxilio policial.
El caso destapó una jornada de violencia recurrente en la franja fronteriza. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández, admitió que en dicho tramo existen antecedentes constantes de atracos y enfrentamientos con el crimen organizado. Confirmó además que esa misma noche un automovilista fue despojado de su vehículo Tesla en la zona colindante, solicitando auxilio a corporaciones potosinas.
La discrepancia entre la narrativa del Ejecutivo y los hallazgos de la FGE pone de relieve la falta de coordinación informativa e institucional ante el recrudecimiento de la violencia en los límites estatales. El hecho reaviva los cuestionamientos sobre las estrategias de blindaje carretero y seguridad pública en las rutas turísticas del Altiplano potosino.
