Consejeras y consejeros nacionales indígenas emitieron un Pronunciamiento Jurídico y Social dirigido al Congreso del Estado de SLP y a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, en el que denuncian una «profunda crisis institucional, rezago sistemático e inactividad real» en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En el documento, los firmantes señalan que la actuación del organismo protector se encuentra subordinada a intereses políticos y ajena al dolor humano, y cuestionan el proceso de designación y reelección de su titular, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, para el periodo 2025-2029.
El pronunciamiento expone dos casos como ejemplo de la gestión actual: la emisión en seis meses de la Recomendación 10/2026 a favor del diputado local del Partido Verde, Héctor Serrano, mientras que, aseguran, más de mil quejas de madres buscadoras, víctimas de desaparición, mujeres, colectivos y pueblos indígenas permanecen en abandono, contraviniendo los artículos 13 y 14 de la Ley de la CEDH.
Asimismo, critican que ante la toma legítima de las instalaciones por colectivos inconformes con la gestión de Argüelles Moreno, la CEDH respondió con un acuerdo administrativo de suspensión indefinida de plazos y términos legales, paralizando la defensa no jurisdiccional.
En el apartado dirigido a pueblos originarios, denuncian que la población indígena ha sido víctima directa de omisión sistemática. Señalan:
a) Total ausencia institucional en comunidades Tének, Náhuatl y pueblos originarios, sin recorridos sistemáticos para verificar derechos sociales consagrados en el Artículo 64 de la Ley de la CEDH.
b) Vacío en la protección de jornaleros agrícolas, migrantes, personas con discapacidad, mujeres y adolescentes indígenas que sufren abusos y trata laboral.
c) Silencio cómplice ante agresiones y violaciones a derechos político-electorales y territoriales de comunidades indígenas.
Los consejeros atribuyen la crisis a una designación sustentada en simulación política, con falta de contrapesos y división de poderes, y a la emisión de resoluciones sin solidez técnica, citando el rechazo unánime del Consejo Directivo Universitario de la UASLP a la Recomendación 10/2026.
Con fundamento en el Artículo 8 de la Constitución Federal y los artículos 29, 38 y 47 de la Ley de la CEDH, los representantes exigen:
- Intervención inmediata del Congreso para dejar de convalidar la parálisis institucional mediante acuerdos de opacidad y comparecencias postergadas.
- Que la próxima comparecencia de la titular de la CEDH no sea un ejercicio de trámite, sino el acto formal de apertura del procedimiento de remoción o juicio político por incumplimiento grave de funciones, rezago de expedientes y violación sistemática a principios rectores.
- Implementación inmediata de medidas cautelares, conforme a los artículos 26 fracción IX y 111 de la Ley de la CEDH, para proteger la integridad física, moral y psicológica de personas, comunidades y colectivos que han ejercido su derecho a la manifestación y protesta.
