El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, aseguró que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares comenzará a operar «cuanto antes», a pesar de que han transcurrido casi 11 meses del año 2026 sin que la institución cuente con su presupuesto en funcionamiento. El funcionario tildó de «postura especulativa» los señalamientos de los colectivos sobre el abandono financiero de dicha área.
Torres Sánchez aseveró que el Ejecutivo estatal mantiene comunicación constante con las organizaciones de búsqueda de personas para gestionar los esquemas administrativos necesarios. Detalló que en el presupuesto diseñado por la Fiscalía General del Estado (FGE) se incluyó una partida presupuestal especial destinada de forma exclusiva a garantizar la infraestructura y operatividad de la fiscalía especializada.
La promesa institucional contrasta con los compromisos fijados desde noviembre de 2025 por la fiscal general, María Manuela García Cázares, quien había proyectado un presupuesto inicial mínimo de 5 millones de pesos para poner en marcha el organismo durante el ejercicio 2026. Sin embargo, la dilación en los recursos ha generado fuertes críticas por parte de los familiares de las víctimas.
La demora en la puesta en marcha de la fiscalía especializada expone la brecha entre el discurso oficial y la ejecución presupuestal en materia de derechos humanos y búsqueda de personas en San Luis Potosí. La falta de concreción operativa a finales del año fiscal reaviva las exigencias de los colectivos sobre la urgencia de contar con autonomía técnica y recursos efectivos.
