El Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Charrería (FMCH), presidido por Salvador Barajas del Toro, enfrenta severos cuestionamientos por la falta de un plan de trabajo deportivo estructurado y por decisiones unilaterales tomadas al margen de la charrería federada.
De acuerdo con el análisis del periodista Ramón González Barbet en su espacio Charrería al día, publicado en Milenio, esta conducción no solo ha debilitado la vida institucional del organismo, sino que ha exhibido fallas operativas y financieras críticas, particularmente en los eventos organizados en conjunto con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
Uno de los señalamientos de mayor peso recae de forma directa sobre la coorganización del reciente Congreso y Campeonato Nacional Charro celebrado en territorio potosino. Según expone González Barbet, tanto el órgano rector de la charrería como el Comité Organizador del Gobierno Estatal encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona relegaron la integridad de los competidores a un segundo término, al registrarse carencia de servicios médicos oportunos y un esquema deficiente de seguro de vida y contra accidentes para los participantes.
Asimismo, la columna subraya los cuestionamientos hacia la administración estatal y federativa por priorizar la captación de ingresos mediante tarifas de boletaje a costos elevados. Esta política comercial provocó que la sede luciera con tribunas semivacías durante la mayor parte de las jornadas, forzando a los organizadores a regalar accesos y movilizar contingentes de personas hacia las finales para aparentar afluencia en los graderíos, exhibiendo el desinterés de la afición local y foránea ante las condiciones impuestas en el estado.
En el terreno deportivo, la entrega de espacios federativos a campeonatos particulares ha marginado a más de 800 equipos de la categoría tradicional «AA», reservando la actividad casi exclusivamente para escuadras «AAA». A ello se suman tensiones internas por la exclusión de agremiados en la Asamblea Nacional Anual, la intervención en la Agrupación de Charros Regionales de la Villa, desacuerdos con la Unión de Asociaciones de la capital, la situación del directivo Jalil Dulac Camacho y la asignación irregular de funciones de secretaría al comisario Jorge Uribe en ausencia de Rafael Mansur.
La crisis institucional se profundiza ante la ausencia de una auditoría externa para la entrega-recepción administrativa, patrimonial y del acervo del Museo de la Charrería, trámite no solventado por la gestión saliente de José Antonio Salcedo López ni exigido por la directiva de Barajas del Toro.
A este vacío se agrega la falta de comprobación de 14 millones de pesos otorgados por la CONADE en subsidios entre 2020 y 2024 —documentados por la Subdirección del Deporte y la Unidad de Transparencia—, omisión que coloca al actual Consejo Directivo en una posición de presunta complicidad sujeta a destitución y sanciones estatutarias.
