El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de fortalecer el marco jurídico estatal y mejorar las acciones de las autoridades para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
El dictamen, presentado por la Comisión de Igualdad de Género, busca actualizar la legislación local y armonizarla con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, a fin de garantizar una mayor protección a las víctimas y evitar vacíos legales que dificulten el acceso a la justicia.
Entre los principales cambios destaca la incorporación expresa de conceptos y enfoques fundamentales para atender la violencia contra las mujeres de manera integral. La reforma contempla la perspectiva de género, la interseccionalidad, el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la interculturalidad y el enfoque diferenciado.
Estos elementos permitirán que las autoridades consideren las distintas condiciones sociales, económicas, culturales y personales de las mujeres al momento de atender cada caso, reconociendo que los factores de vulnerabilidad y las necesidades de protección no son iguales para todas.
Otro de los puntos relevantes es el fortalecimiento de las medidas de protección, al precisar la obligación de garantizar la separación y el alejamiento del agresor respecto de la víctima, así como de las víctimas directas e indirectas. Con ello se busca prevenir nuevas agresiones y proteger la integridad física, emocional y psicológica de quienes se encuentran en situación de riesgo.
La modificación también refuerza el carácter integral de la legislación al establecer que las acciones institucionales deben enfocarse en la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres, mediante medidas reforzadas de protección.
Asimismo, la incorporación del término «violencias» en plural reconoce que las agresiones contra las mujeres no constituyen un fenómeno único, sino que se manifiestan de distintas formas y requieren respuestas específicas por parte de las instituciones.
Con esta reforma, el Congreso estatal busca dotar a las autoridades de mayor certeza jurídica y herramientas para ofrecer una atención más adecuada a las víctimas, además de fortalecer la obligación del Estado de garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, en condiciones de igualdad y sin discriminación.
La actualización legislativa también responde a la necesidad de mantener congruencia entre las disposiciones estatales y el marco nacional de protección de los derechos humanos de las mujeres.
