Un grupo de 18 mandatarios estatales afines a la Cuarta Transformación emitieron pronunciamientos públicos en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, apoyando la realización de investigaciones exhaustivas sobre presuntas irregularidades en la contratación de materiales y servicios electorales por parte del Instituto Nacional Electoral (INE). Las indagatorias buscan esclarecer la asignación de contratos millonarios a un grupo reducido de empresas durante más de dos décadas.
Entre las y los gobernantes que manifestaron su adhesión a la postura del Ejecutivo federal destacan Layda Sansores (Campeche), Rocío Nahle (Veracruz), Javier May (Tabasco), Clara Brugada (CDMX), así como el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona (PVEM). Las y los mandatarios coincidieron en que la autonomía constitucional del órgano electoral no debe ser un obstáculo para la transparencia y fiscalización del gasto público.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, rechazó que su instituto político tenga responsabilidad en la consolidación de dicha red de proveedores, argumentando que las prácticas venían ejecutándose desde administraciones electorales previas. Asimismo, gobernadoras como Sansores e instituciones estatales en Tabasco exigieron que las auditorías identifiquen a los servidores públicos que autorizaron las adjudicaciones.
Hasta el momento, nueve ejecutivos estatales —entre ellos los de Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas y Michoacán— no han emitido posturas formales sobre el tema. No obstante, el bloque oficialista en las entidades federativas reiteró su llamado a deslindar responsabilidades administrativas y penales tanto en la gestión actual como en los periodos pasados del organismo arbitral.
