El Centro Integral de Justicia Penal en San Luis Potosí atraviesa por un colapso administrativo y graves señalamientos de corrupción, de acuerdo con declaraciones de representantes del sector legal en la entidad.
Durante una entrevista realizada en el exterior del recinto judicial, el presidente de la Asociación de Abogados Postulantes en Oralidad, Efraín Torres Salazar, expuso una serie de irregularidades que afectan directamente el desarrollo de los procedimientos legales y la impartición de justicia.
El dirigente señaló que los trámites internos enfrentan una parálisis y denunció que existe un presunto cobro de hasta 15,000 pesos para la asignación de fechas de audiencia.
«¿Por qué no hace nada la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado? ¿Quién decide las fechas aquí? Pues el Órgano de Administración, y saben qué está haciendo —y la presidenta tal vez ya lo sepa—: vendiendo las audiencias en 15,000 pesos», expresó Torres Salazar.
Asimismo, criticó la gestión de la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, a quien acusó de centrar su labor en actos protocolarios y de difusión institucional mientras los problemas operativos del sistema judicial se agravan.
«De eso, si la presidenta sabe, imagínense las negociaciones y la corrupción que hay en la impartición de justicia en San Luis Potosí. Y si no se da cuenta la presidenta, es porque anda tomándose las fotitos que para el fortalecimiento de la justicia, pero que nos diga dónde están los resultados; esa es pura demagogia, no está haciendo nada», enfatizó.
Ante este panorama, el representante de los abogados postulantes aseguró que el sistema actual opera en peores condiciones que en administraciones anteriores y exigió a la titular del Poder Judicial estatal intervenir de manera directa para atender las deficiencias y posibles actos de corrupción al interior del órgano de justicia penal.
