Bajo el pretexto de cumplir con la nueva ley federal que prohíbe la venta de comida chatarra en escuelas, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el secretario de Educación estatal, Juan Carlos Torres Cedillo, estarían fraguando un movimiento que amenaza con centralizar el control de las cooperativas escolares, despojando a las sociedades de padres de familia de su administración y entregándolas al Gobierno del Estado.
Cabe recordar que las cooperativas escolares son administradas y operadas por las sociedades de padres de familia em coordinación con la dirección de los planteles, —y, en algunos casos—, concesionadas a terceros, a cambio de una contraprestación fija o un porcentaje de las ganancias el cual es destinado a mejoras en la infraestructura escolar, materiales educativos e insumos escolares.
La medida, que presuntamente comenzó a discutirse en los pasillos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) durante días anteriores, busca justificar la apropiación gubernamental con el argumento de ofrecer alimentos “saludables” a los estudiantes. La entrada en vigor, este lunes 31 de marzo, de la legislación federal contra comida chatarra en los planteles educativos habría sido la excusa perfecta para preparar el terreno.
Sin embargo, detrás de la fachada saludable, se esconde un proyecto con claros riesgos de opacidad y uso político de los recursos. Las cooperativas escolares generan ingresos significativos —dinero en efectivo, no fiscalizado y difícil de auditar—. Si el control pasa a manos del Ejecutivo estatal, las posibilidades de desvío de fondos hacia fines proselitistas o de uso discrecional aumentan peligrosamente.
Lo que parece una acción en favor de la salud pública podría terminar como un nuevo capítulo en la historia del clientelismo disfrazado de política pública. La administración de Gallardo Cardona, acostumbrada a gobernar con una mano en el micrófono y otra en la caja registradora, estaría abriendo un frente de control económico en la vida interna de las escuelas, eliminando un espacio de participación ciudadana genuina como lo son las cooperativas escolares.
