Trabajadores del Registro Civil han denunciado presiones directas por parte de la directora de la institución Deysi Maribel López Sierra, para afiliarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en un nuevo episodio de clientelismo político promovido —según testimonios— desde las más altas esferas del gobierno estatal.
La maniobra es tan burda como preocupante: entregar la credencial del INE a cambio de conservar el empleo. Así lo han denunciado empleados del Registro Civil, quienes aseguran que la afiliación al partido oficialista ya no es una sugerencia, sino una imposición disfrazada de “lealtad institucional”. Según los afectados, la directora del Registro Civil fue clara: “Lo menos que podían hacer era corresponder con la afiliación, porque el proyecto les estaba dando trabajo”. Es decir, empleo a cambio de sumisión política.
Pero el Registro Civil no es el único frente donde se libra esta batalla por la cooptación. Dependencias como la Secretaría de Educación, Cultura, el SIFIDE, SEDECO y SEDESORE también han sido señaladas como puntos de presión, donde funcionarios, becarios y trabajadores por contrato —sin respaldo sindical alguno— son convocados a las oficinas del PVEM para formalizar su adhesión al partido. El mensaje es claro: quien no se afilia, se queda fuera.
La estrategia, según las denuncias, no es nueva. Durante el reciente proceso electoral, empleados estatales fueron obligados a asistir a mítines del PVEM, particularmente aquellos encabezados por Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y hoy flamante senadora. En su momento, González Silva prometió respetar la legalidad electoral, pero en la práctica su campaña estuvo empapada de recursos públicos y participación obligada del personal gubernamental.
El trasfondo de estas prácticas es tan sombrío como predecible: consolidar una maquinaria electoral que garantice poder absoluto y perpetuación en el cargo, sin importar el costo institucional ni ético. El miedo a represalias —especialmente el despido— ha creado un clima de tensión e incertidumbre entre los trabajadores del estado, quienes exigen, con justa razón, garantías para ejercer su derecho a la libre afiliación política sin coacciones ni amenazas.
