El Gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona debe solucionar las justas demandas laborales de las y los empleados estatales, porque su obligación legal es atenderlos como su parte patronal, y no ignorarlas y evadir su responsabilidad, asumiendo facultades que no le corresponden, incurriendo en ilegalidades para promover su imagen mediática, a costa de ocurrencias, que evidencian su ignorancia, señaló la Secretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), Francisca Reséndiz Lara.
En conferencia de prensa, precisó que mientras se niega a resolver el conflicto laboral ilegal que mantiene contra el Sindicato, ofrece supuesto apoyo a personal ajeno al gobierno estatal, de una empresa privada, alegando que se lo pidieron en redes sociales, para quedar bien con ellos, y tampoco quiere pagar los más de seis mil millones de pesos que adeuda a la Dirección General de Pensiones, por no dar su aportación patronal, y retener la de los trabajadores, pero, eso sí, impulsa crear fondos de pensiones para policías municipales, violando la autonomía de los ayuntamientos.
Sintetizó ambos casos con la frase: “Como se dicen los refranes, José Ricardo Gallardo es candil de la calle y oscuridad en su casa”, dijo.
De igual manera denunció que sigue el abuso laboral, el acoso, el hostigamiento, los despidos ilegales, la violencia instituciona y policial contra sus integrantes, así mostró el caso de la trabajadora, Laura Carolina Yáñez García quien sufrió amenazas y mobbing laboral para despedirla injustificadamente, a pesar de ser basificada, con agentes de la Guardia Civil Estatal para intimidarla, y también dio a conocer la situación del empleado, Víctor Escalante Torres, a quién luego de cesarlo ilegalmente de su empleo, le iniciaron un proceso administrativo para quitarle su casa.
Añadió que todas estas violaciones a los derechos humanos y laborales, siguen dándose en forma impune, a pesar de que se mantienen mesas de trabajo entre el organismo gremial y el gobierno estatal, encuentros, en donde, dijo, no se respetan los compromisos que asumen los funcionarios estatales.
Indicó que a ninguno de los dos afectados, se les notificó oficialmente la baja, ni les explicaron las causas, tampoco se les dio liquidación alguna por el despido, ni firmaron nada, y señaló que esa es la manera en que han actuado en el gobierno estatal, con prepotencia, para cesar ilegalmente a más de 150 integrantes del SITTGE, hostigándolos y negándoles el acceso a su centro de trabajo, porque reveló que el mandatario estatal busca quitar las bases a sus agremiadas y agremiados, para otorgarlas a sus allegados.
En su intervención, el asesor legal del Sindicato, Francisco Parra Barbosa explicó que la manera en que se conduce el mandatario estatal, es errática e ilegal, evidenciando graves problemas mentales que lo podrían en condición de inimputable, dado que impone sus caprichos por encima de las leyes, pisoteando derechos humanos y laborales con la fuerza pública, cometiendo delitos, además denunció que el juez cuarto del ramo civil, Luis Ricardo Molina Corpus por perseguir a los trabajadores para quitarles su vivienda, por instrucción del gobernador.
Por su parte, la Secretaria de Única Suplencia del SITTGE, Ana Verónica López Chávez lamentó que el titular de la Dirección General de Pensiones, Luis Arturo Coronado no cumpla el compromiso que asumió en una reunión el pasado 21 de mayo, para detener los procesos legales en contra de trabajadoras y trabajadores despedidos, que han quedado en situación de insolvencia en los créditos hipotecarios que contrataron con tal dependencia, pues criticó que siguen adelante los procedimientos que buscan embargarles sus propiedades, pese a que dijo que no lo harían.
Dijo que ya suman más de 150 integrantes del Sindicato despedidos ilegalmente.
Sobre el tema, el afectado, Víctor Escalante Torres, explicó, que tras ser despedido de su empleo sin justificación alguna, las autoridades de la Dirección General de Pensiones le iniciaron un proceso civil para embargarle la vivienda que adquirió con un crédito hipotecario con dicha dependencia, por no tener ingresos económicos suficientes para pagarlo, denunció que le piden cubrir el monto total del monto, sabiendo que no tiene tal monto, cuando refirió que de haberlo despedido en forma legal, Pensiones pudo haber utilizado su finiquito para cubrir tal débito.
En su intervención, Laura Carolina Yáñez García refirió que a pesar de ser basificada con 14 años de antigüedad, sufrió un clima de hostigamiento laboral en la Dirección de Control Patrimonial, previo a su ilegal despido, pues dijo que recibió amenazas, la relegaron, le hicieron mobbing laboral por parte de su director, Christian Gerardo Sánchez Isaí, así como por parte del Director Administrativo de Oficialía Mayor, Jorge Luis Salazar Posadas, lo que denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), sin que la atendieran, llegando a dejarla sin acceso a su centro de trabajo, y hasta enviándole agentes estatales para intimidarla y obligarla a retirarse de la dependencia.
Indicó que en su caso “fui víctima del Gobernador”, al cometer “un secuestro laboral” en su contra, “yo me atrevo a decir que está robando las bases de los trabajadores del estado”, afirmó.
Francisca Reséndiz Lara cuestionó al gobernador, sí es necesario usar las redes sociales “rindiéndole pleitesía” para que resuelva el conflicto laboral que mantiene contra el SITTGE, exigiéndole cumplir la normatividad, refiriendo que la difama al responsabilizarla del fraude en pensiones cometido por los exgobernadores Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras, y la quiere involucrar en el desfalco de 200 millones que descubrió, pero ni con esas acusaciones falsas, ha pagado los más de seis mil millones que le debe, pues dijo que 25 compañeros no pueden pensionarse por falta de recursos.
Y aún con ello, quiere crear fondos municipales de pensiones para policías municipales, violando la autonomía de los ayuntamientos, cuando estos trabajadores ya tienen todos los derechos laborales, sin decir que su propuesta incluye descuento al salario de tales empleados, por lo que consideró que sí la máxima autoridad se queda con el dinero de las pensiones de sus trabajadores estatales, también lo pueden hacer los ediles, “porque el mal ejemplo cunde”, añadió, refiriendo que el recurso del ramo 33 no puede usarse para pensiones.
Francisco Parra Barbosa indicó que Gallardo Cardona no cumple el mandato para el que fue electo, al actuar en la ilegalidad y fuera de toda lógica, agrediendo a los sindicatos y sus miembros, pero dijo que todos sus actos pueden ser sancionados, aunque haya concluido su sexenio, y puede ser sancionado, e inhabilitado, porque persigue a sus trabajadoras y trabajadores “usando el garrote”, porque así daña al Sindicato violando la libertad sindical.
