San Luis Potosí se sumerge aún más en la espiral de violencia e impunidad con el reciente hallazgo de un macabro campamento del crimen organizado en la comunidad de Agua Dulce, municipio de Rioverde. Aquí, los criminales no solo asesinan a sus víctimas, sino que las disuelven en ácido y entierran los restos en fosas clandestinas. Un escenario de horror que vuelve a exhibir la ineficacia gubernamental para combatir la barbarie que impera en la región.
Las autoridades, como en innumerables ocasiones anteriores, han llegado tarde al infierno que por años ha operado con absoluta libertad. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) de San Luis Potosí reportó el hallazgo de restos humanos el pasado 1 de febrero, una revelación que, lejos de sorprender, confirma el clima de terror que la población ha denunciado sin ser escuchada. Un colectivo de madres buscadoras, Voz y Dignidad, ya había advertido sobre la presencia de fosas clandestinas en la zona, pero sus denuncias fueron ignoradas hasta que la evidencia se volvió innegable.
Las labores de búsqueda apenas comienzan y ya se anticipa que el proceso será lento y tortuoso. “Esto va para largo, porque está muy complicada la situación”, admitió Edith Pérez, presidenta del colectivo. Pero, ¿qué tan complicado puede ser si el crimen organizado opera con metodologías tan sistemáticas y recurrentes? El descubrimiento de nueve fosas, tambores utilizados para la disolución de cuerpos y ropa de víctimas demuestra que este sitio no era improvisado, sino un auténtico centro de exterminio.
La respuesta oficial, como siempre, ha sido tibia. Personal de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda y elementos de la Guardia Nacional trabajan en la zona, pero sin ofrecer respuestas claras ni compromisos concretos. ¿Cuántos cuerpos más yacen en estas fosas? ¿Cuánto tiempo más permitirá el gobierno que la violencia y el horror sigan siendo la norma?
El hallazgo en Rioverde no es un caso aislado, sino una muestra más del fracaso sistemático de las autoridades para proteger a la población. La impunidad sigue siendo el principal aliado del crimen organizado, mientras las víctimas y sus familias continúan exigiendo justicia en un país donde la desaparición forzada se ha convertido en un método de control y terror.
Mientras el gobierno continúa con su retórica vacía y operativos ineficaces, los grupos criminales siguen expandiendo su dominio. Rioverde es hoy un espejo de la descomposición nacional, donde el miedo y la desesperanza son el pan de cada día. ¿Cuántos más deben desaparecer antes de que el Estado actúe con la contundencia que la situación demanda?
