Señalan a Torsa Abogados por extorsión y corrupción

El despacho TORSA Abogados, del cual es socio mayoritario el secretario de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, enfrenta una serie de críticas por parte de sus clientes. Desde que su hermano, Francisco Torres Sánchez, asumió el control de la firma legal, se han multiplicado las denuncias de clientes que aseguran haber sido víctimas de extorsión. Según testimonios, Francisco habría engañado a sus propios clientes proporcionando información falsa sobre el estatus de sus casos legales, con el objetivo de exigirles mayores pagos.​

Estos señalamientos generan preguntas sobre la gestión de uno de los funcionarios más cercanos al gobierno estatal. Cabe recordar que, en mayo de 2021, se señaló que Silvia Torres Sánchez, hermana de J. Guadalupe y también socia del despacho fue propuesta como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a pesar de su evidente cercanía con el grupo político de Ricardo Gallardo Cardona. Esta nominación fue criticada por posibles conflictos de interés y falta de imparcialidad en el Poder Judicial.

Según las quejas de los denuncinates que solicitaron mantener el anonimato, los socios del despacho hacen alarde de poder resolver favorablemente casos y litigios complicados de manera rápida, señalando que la posición política del Secretario de Gobierno conlleva «beneficios» a favor de sus representados.

Cabe recordad que Torsa Abogados estuvo involucrado en en el caso PANAVI, cuando el entonces alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, intentó que el Congreso le autorizara incrementar el costo del contrato para la instalación de luminarias con la empresa mencionada de 1,200 a poco más de 1,400 millones de pesos.

También dicha firma legal participó en el caso cuando se reportó que empleados del ayuntamiento en la administración de Gallardo Juárez, participaron en la contratación de la empresa Ibarrola y Oseguera S.A. de C.V. para brindar asesoría legal al organismo Interapas, por lo que se le pagaron indebidamente casi cuatro millones de pesos, lo que derivó en denuncias por peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.