Con un saldo de 13 acciones de inconstitucionalidad promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de al menos 8 reformas aprobadas entre la pasada legislatura y la actual LXIV Legislatura, el Congreso del Estado de San Luis Potosí se mantiene bajo un recurrente escrutinio del Poder Judicial Federal.
Pese a los constantes procesos de revisión, por lo menos la bancada del Partido Verde en el Congreso local defiende la validez de sus aprobaciones.
En este caso, el diputado Héctor Serrano, cuestionado sobre si esta continua judicialización, evidencia una falta de análisis técnico-jurídico por parte de las y los legisladores, sostuvo que el Poder Legislativo acatará cualquier fallo, reconociendo la atribución constitucional del máximo tribunal.
“La Corte tiene la última palabra. Lo que sí es importante destacar es que todas las resoluciones que la Corte tome en este momento van sentando un precedente y jurisprudencia. Y qué bueno que se revise”, declaró el legislador.
Serrano Cortés rechazó que los juicios de inconstitucionalidad representen un conflicto de índole personal o un obstáculo para la labor parlamentaria, argumentando que las iniciativas responden a una visión de gobierno que busca favorecer a la ciudadanía y optimizar los recursos públicos.
“Ninguna propuesta legislativa la tomamos como un asunto personal; es consecuencia de nuestra visión legislativa. Le pueden dar la connotación que sea; pero muchas reformas han sido aprobadas y, tras ser revisadas por la Corte, hoy están vigentes. Es un equilibrio aceptable y hay que continuar en esa dinámica: trabajar, trabajar y trabajar”, aseveró.
De acuerdo con los registros oficiales de la SCJN, de las 13 impugnaciones promovidas contra el trabajo legislativo potosino, el Pleno de la Corte ya ha emitido fallos de invalidez plena en dos casos emblemáticos:
-Reforma Electoral de 2022 (Acciones 141/2022 y 152/2022): Fue invalidada en su totalidad al haber omitido el Congreso la realización de consultas previas, libres e informadas a comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad, requisito obligatorio por mandato constitucional y convenios internacionales.
-Alternancia de Género para la Gubernatura / Decreto 0539 (Acciones 81/2026 y 86/2026): Rebatida el pasado 28 de septiembre de 2026, la llamada «Ley Esposa» o «Ley Gobernadora», la cual pretendía imponer una alternancia automática de género para la gubernatura entre 2027 y 2033.
Con tintes evidentemente políticos, pretendían colocar a la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, como la candidata «mujer» en las próximas elecciones del 27.
La SCJN determinó que el Congreso excedió sus facultades al legislar para procesos futuros sin certeza jurídica, detectando además discrepancias entre el dictamen aprobado en comisiones y el texto final votado en el Pleno.
A la fecha, diversos decretos promovidos por el Congreso del Estado, continúan bajo análisis de la Corte, como lo son:
-Requisitos para FGE / Decreto 0589 (Acción 130/2026): Modificaciones que redujeron la antigüedad del título (de 10 a 5 años) y la residencia previa, eliminando el candado estricto de obligatoriamente ser potosino por nacimiento.
Estatus: En trámite; turnado a la ponencia de la ministra María Estela Ríos González.
-Uso indebido de Inteligencia Artificial / Decreto 03/14 (Acción de Inconstitucionalidad 132/2025): Tipificación de delitos cometidos mediante IA (promovida desde 2025). Alegan deficiencias de técnica legislativa y riesgo de vulneración a la libertad de expresión.
Estatus: En revisión y espera de proyecto de sentencia por el Pleno de la SCJN.
