La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha caído, no en manos de la justicia, sino en las garras de la gallardía y su voraz apetito de poder. La reciente designación de Fernando Garduza como nuevo vocero de la institución no solo levanta sospechas: las confirma. Garduza no es un perfil técnico ni imparcial; es un mediano operador político de línea dura, «exfuncionario» de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, cuya lealtad ciega al gobernador Ricardo Gallardo Cardona se ha convertido en un vergonzoso espectáculo público.
Garduza es, para decirlo sin rodeos, un leal peón de la maquinaria de lodo que desde Palacio de Gobierno ha buscado sistemáticamente desacreditar a periodistas, activistas y voces críticas del régimen gallardista. No es un secreto: su firma aparece en las campañas de desprestigio que han enlodado el ejercicio periodístico y la participación ciudadana en San Luis Potosí, valiéndose de medios subordinados y un ejército de páginas falsas que diseminan mentiras con la velocidad de la luz, pero con la credibilidad de un panfleto desechable.
Su llegada a la Fiscalía tiene objetivos tan claros como alarmantes, dictados desde la misma trinchera que antes le pagaba el sueldo: la oficina de Comunicación Social que encabeza Gerardo Zapata Rosales, mediocre titiritero de esta burda y grosera estrategia de control informativo.
La primera encomienda que Garduza carga bajo el brazo es simple: liquidar los canales actuales de comunicación de la Fiscalía, eliminando los grupos de WhatsApp que hoy permiten, aunque de forma precaria, la circulación de información oficial entre la dependencia y la prensa. Su plan es fundar nuevos círculos cerrados, excluyendo a periodistas y medios independientes que no comulgan con el credo gallardista. El mensaje es claro: información solo para los fieles.
La segunda tarea del flamante vocero es aún más grave: establecer un férreo filtro de censura previa. Antes de que cualquier dato, comunicado o declaración de la Fiscalía vea la luz pública, deberá pasar por el escritorio de Zapata Rosales para su revisión y —desde luego— aprobación. Así, la Fiscalía se convierte en un mero apéndice del aparato de propaganda estatal, amputando cualquier vestigio de autonomía.
La tercera misión de Garduza confirma que no se trata de una casualidad, sino de una estrategia orquestada con el afán de usar a la Fiscalía como herramienta política. Su prioridad será inflar y sobredimensionar la información relativa a delitos e investigaciones en la capital potosina, con el único propósito de golpear políticamente al alcalde Enrique Galindo Ceballos y a todo edil que no se pliegue a los caprichos del gallardismo. La Fiscalía, que debería ser garante de justicia para todos, se convierte así en ariete partidista de una vendetta vulgar pero eficaz.
En contraste con la ofensiva desatada contra la capital potosina, Garduza tendrá también la orden expresa de blindar la imagen de las administraciones municipales bajo el control del Partido Verde, como Soledad de Graciano Sánchez y el naciente Villa de Pozos. La instrucción es clara: minimizar, disfrazar o enterrar cualquier información que exponga hechos violentos, de inseguridad, actos de corrupción o simples delitos en estos territorios férreamente controlados por el gallardismo. Bajo esta lógica perversa, la Fiscalía se transforma en una agencia de encubrimiento selectivo, donde la justicia se aplica según el color de la camiseta política, y la verdad queda sepultada para proteger los intereses del oficialismo.
La llegada de Garduza a la vocería de la Fiscalía no solo es un nombramiento desafortunado; es un atentado directo contra la transparencia, la libertad de prensa y la autonomía de las instituciones de justicia en San Luis Potosí. El mensaje que envía el gobernador es inequívoco: la Fiscalía no será un espacio para investigar el delito, sino para fabricar enemigos y blindar al régimen de cualquier crítica incómoda.
Así, con la complicidad silente de la fiscal Manuela García Cázares, la obediencia ciega de Garduza y la sucia mano manipuladora del aparato de comunicación gubernamental, la Fiscalía General del Estado queda reducida a un simple engranaje de la maquinaria política del gallardismo. La justicia en San Luis Potosí no solo está comprometida, está de rodillas.
Mientras los operadores de la propaganda gobiernan los flujos de información, los ciudadanos quedan huérfanos de verdad y expuestos a una narrativa oficialista diseñada para aplastar la disidencia y perpetuar el control. La pregunta que queda en el aire no es si la Fiscalía servirá a la ley, sino hasta qué punto seguirá sirviendo al capricho del poder.
