En una nueva muestra de autoritarismo disfrazado de gestión pública, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, lanzó una advertencia directa y sin rodeos a los ejidatarios del paraje natural La Media Luna: si no cesan el cobro de entrada a habitantes de Rioverde y Ciudad Fernández, podrían perder el control del lugar.
Durante una gira en Ciudad Fernández, el mandatario anunció con tono triunfalista la pavimentación de los accesos laterales al sitio turístico, asegurando que esta obra mejorará la conectividad y atraerá a más visitantes. Sin embargo, la promesa de infraestructura vino acompañada de una amenaza apenas velada contra los ejidatarios que por años han gestionado el espacio.
“Vamos a pavimentar las laterales de la Media Luna para que todo el turismo ya vaya y regrese sin tener que transitar por caminos de tierra”, dijo Gallardo, pero el mensaje central no era la obra, sino el amago de imponer condiciones sobre la administración de un terreno que no le pertenece al gobierno estatal.
La intención del gobernador va más allá de una obra pública: adelantó que presentará al Congreso una iniciativa para prohibir que los ejidos cobren a los pobladores locales por el acceso a sitios naturales como La Media Luna, las cascadas de Tamazopo o el Sótano de las Golondrinas. Sin diálogo ni consenso con las comunidades, el discurso de Gallardo deja ver una clara intervención en la autonomía ejidal.
“Es una burla que la gente tenga que pagar por entrar a los parajes de su propia comunidad”, declaró, sin hacer distinción entre espacios públicos y terrenos bajo propiedad comunal. “Que cobren a los turistas, pero no al pueblo”, sentenció, como si se tratara de una orden y no de una política a debatir.
La propuesta contempla que los habitantes acreditados como locales puedan ingresar sin costo, y que los ejidos continúen cobrando únicamente a visitantes foráneos. Aun así, el trasfondo del planteamiento levanta preocupaciones entre comuneros y defensores de los derechos agrarios, quienes ven en el anuncio una posible expropiación disfrazada de populismo.
“Todos los parques ejidales deben ser del pueblo”, repitió el gobernador, ignorando que, por ley, ya lo son, pero del pueblo que los administra, los conserva y los ha protegido durante décadas.
