Una reciente investigación realizada por Ciudadanos Observando (CO) pone en evidencia la falta de sustento en las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien en septiembre de 2024 aseguró que Mónica Rangel Martínez, exsecretaria de Salud en la administración anterior, había devuelto 150 millones de pesos. Esta afirmación, realizada durante una entrevista con el periodista Daniel Ortiz para PulsoOnLine, no ha podido ser corroborada por ninguna de las dependencias estatales consultadas.
Según los informes de CO, no solo fue imposible verificar el total de la suma mencionada, sino que también se desmintió la insólita versión de que Rangel Martínez había llevado 50 millones de pesos en efectivo dentro de cajas de huevo a un juzgado, con el objetivo de resarcir el dinero presuntamente desviado por el exfuncionario condenado por corrupción.
Rangel Martínez, quien ocupó el cargo de titular de la Secretaría de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Carreras, fue procesada en 2022 por el desvío de 22 millones de pesos. Fue hallada culpable de corrupción, y tras reparar el daño con el pago de una multa de 80 mil pesos, obtuvo la posibilidad de salir de prisión. Sin embargo, la denuncia en contra de Gallardo Cardona sobre la devolución de una suma mucho mayor nunca ha sido respaldada por pruebas concretas.
Para esclarecer la veracidad de estas afirmaciones, CO solicitó información a diversas dependencias estatales, comenzando con la Secretaría Particular del Gobernador. La respuesta fue que no tenían competencia para manejar dicha información, redirigiendo la consulta a la Secretaría de Finanzas. Esta última, a su vez, se declaró incompetente y sugirió dirigir la solicitud a la Secretaría de Salud. Como era de esperarse, Salud replicó el mismo patrón, derivando la petición a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV). Finalmente, la CEAV también negó tener conocimiento sobre el asunto.
El proceso de búsqueda de respuestas demuestra la ineficiencia y la falta de transparencia en la gestión del gobierno estatal, que, incapaz de proporcionar pruebas, ha dejado sin fundamento las declaraciones del gobernador. Así, lo que comenzó como una supuesta reparación del daño se desmorona ante la carencia de pruebas concretas, dejando al descubierto una falta de claridad y responsabilidad en la administración actual.
