Tarde, mal y con fines proselitistas, así llega el programa «Agua Gratuita para tu Familia«, que presentó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien, con esta medida, reconoce de facto que no habrá una solución real a las constantes fallas del acueducto El Realito. Su gobierno ha decidido no exigir a la empresa responsable la reparación del ducto y, mucho menos, invertir en infraestructura hidráulica para garantizar el abasto de agua a largo plazo.
Durante los meses más críticos de la crisis hídrica que golpeó con mayor fuerza a la capital potosina, el mandatario estatal se enfocó más en lanzar ataques contra el Interapas y el Ayuntamiento capitalino —acusándolos de no informarle sobre los planos de acción— que, en brindar apoyo efectivo a la ciudadanía ante las presas secas tras meses de sequía, y un Realito inservible que factura cada mes de 4 a 5 millones de pesos, mande o no mande agua.
Hoy el 96% de la ciudad tiene acceso al agua por medio de la red, las presas cuentan con buenos niveles de abastecimiento y el gobierno federal ya anunció la construcción de la presa Las Escobas, las pipas además de llegar tarde, lo hacen caras y representan una medida poco ecológica para un partido verde.
Fiel a su estilo, la administración gallardista no transparentó la licitación ni el fallo de la compra a la empresa china Sitrak, solo se limitó a informar que destinó más de 116 millones de pesos en la adquisición de 40 pipas de 10 mil litros cada una, con un costo unitario de 2.9 millones de pesos. Según especialistas, este monto supera en al menos 500 mil pesos el valor de mercado de estos vehículos.
No es de extrañar, entonces, la satisfacción de los directivos de la referida empresa, quienes recibieron al gobernador con réplicas en miniatura de las pipas recién adquiridas, un gesto que Gallardo Cardona despreció rápidamente.
Con una red hidráulica deteriorada por la falta de inversión de gobiernos anteriores, el problema del agua explotó en 2023 con la crisis hídrica. Ante ello, la distribución mediante pipas es apenas una medida paliativa, sin impacto estructural a largo plazo. Lo que el gobierno estatal sigue sin entender —o prefiere ignorar— es que la solución no está en medidas reactivas, sino en proyectos de infraestructura que garantizan el suministro sostenible de agua, no soluciona de fondo, pero sobre todo en la lógica de la gallardía no da votos.
Para ponerlo en perspectiva: con los 116 millones de pesos gastados en pipas, se podrían haber perforado al menos ocho pozos que aportarían 300 litros por segundo a la Zona Metropolitana. Eso sí sería una solución de fondo.
En cambio, el dinero se ha invertido en un programa asistencialista con claras intenciones electorales. Como ha sucedido con otros apoyos gubernamentales, las pipas serán usadas para condicionar a los ciudadanos en las colonias de la capital y de Soledad, a cambio de asegurar votos en 2027.
Esto no debe verse desde la óptica clasista que algunos sectores de la oposición han adoptado contra los programas sociales. Más bien con la experiencia de lo que se observa en este tipo de eventos, donde los beneficiarios deben someterse incluso a humillaciones para recibir una despensa, una beca para madre soltera o, ahora, una pipa de agua, siempre de forma selectiva porque se eligió solo a 80 de las Juntas de Participación Ciudadana. Porque en la lógica de la gallardía, el agua no es un derecho, sino una moneda de cambio electoral.
