San Luis Potosí vive una realidad política que desafía los principios democráticos más básicos. Mientras el gobernador del estado se encuentra distraído entre negocios turbios y la campaña no oficial de su esposa, la senadora Ruth González Silva, con miras a las elecciones de 2027, el poder real se ha trasladado a manos de J. Guadalupe Torres Sánchez, el secretario general de Gobierno. Este personaje ha asumido un control absoluto, estableciendo un régimen de facto que mezcla prácticas gangsteriles con tintes de autoritarismo.
Lejos de cumplir un rol administrativo, Torres Sánchez ha concentrado un poder inusitado, imponiéndose como la figura dominante del gobierno estatal. Bajo un gobierno de facto, San Luis Potosí se ha transformado en un laboratorio de coerción política, donde los ayuntamientos y organismos descentralizados son sometidos a través de amenazas y presiones presupuestales. La imposición de esta agenda personalista no solo anula la autonomía municipal, sino que también consolida un modelo político basado en el miedo y la obediencia forzada.
Un régimen familiar al servicio del control absoluto
Uno de los pilares de este esquema de poder es la Fiscalía General del Estado, controlada indirectamente por Torres Sánchez mediante su esposa, Xitlalic Sánchez Servín quien lejos de realizar su trabajo como vicefiscal, se ha convertido una delegada de la Secretaría General de Gobierno en el supuesto organismo autónomo. Este vínculo ha permitido manipular las instituciones de justicia para garantizar la impunidad de sus aliados y perseguir a quienes desafían su dominio. Las denuncias de investigaciones sesgadas y el uso discrecional de la Fiscalía como herramienta política son un reflejo de cómo el estado de derecho ha sido secuestrado.
La influencia de Torres Sánchez ha llegado a tal nivel que incluso los recursos públicos son manejados como si fueran patrimonio personal. Funcionarios municipales y líderes de organismos descentralizados son víctimas de las decisiones presupuestales que dependen de su voluntad, castigando a quienes no se alinean con su proyecto y premiando a los incondicionales. Este férreo control ha dado lugar a una administración que opera más como un cártel político que como un gobierno legítimo.
Mientras el titular del Ejecutivo se concentra en su agenda personal, delega de facto el control político del estado al secretario general, quien actúa con total impunidad. Este vacío de poder no solo denota negligencia, sino una complicidad tácita que permite el avance de prácticas autoritarias y corruptas en San Luis Potosí.
