En un nuevo episodio de cinismo político, el diputado local Luis Fernando Gámez Macías ha dejado claro que la auditoría no es un ejercicio de transparencia, sino una herramienta de venganza disfrazada de fiscalización. El legislador, sin el menor recato, ha utilizado los resultados del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) con un solo objetivo: golpear a los adversarios políticos de la «gallardía», como buen operador de los intereses de su facción.
Lo que debería ser un ejercicio técnico para garantizar el uso adecuado de los recursos se ha convertido en una comedia de absurdos, donde Gámez Macías se erige como juez, jurado y verdugo, señalando con dedo inquisidor a quienes no se alinean con los designios del poder de su partido. Claro, la objetividad y la imparcialidad brillan por su ausencia cuando se trata de los aliados del gobernador Ricardo Gallardo, cuyos manejos financieros son aprobados con la complicidad del Partido Verde y sus satélites. Así, mientras las cuentas de los municipios adversarios son diseccionadas con lupa para reprobarlas, los desfalcos estatales son avalados sin chistar.
Y como el descaro nunca viene solo, cuando otros legisladores cuestionaron esta evidente maniobra política, Gámez Macías respondió con una vergonzosa «escenita» en una sesión de la Comisión de Vigilancia. Un espectáculo digno de la política de circo que se practica en la entidad, donde el histrionismo parece ser más importante que la rendición de cuentas.
Pero si el diputado pensaba que se quedaría solo en el escenario, pronto recibió refuerzos de peso. Como auténticos escuderos del despropósito, el diputado federal José Luis Fernández y el senador Gilberto Hernández acudieron prestos a su defensa, dejando en evidencia que el asunto no era una cuestión técnica, sino un ajuste de cuentas político de la cúpula gallardista.
El mensaje es claro: en San Luis Potosí no se mide con la misma vara. Mientras el Congreso, con los votos del Partido Verde y sus aliados, aprueba sin ruborizarse los ingresos y gastos del gobierno estatal, se ensaña con la alcaldía de la capital. No importan las irregularidades detectadas en las cuentas estatales ni las omisiones clamorosas; lo único relevante es castigar a quienes no se pliegan a la voluntad del grupo en el poder.
Los ciudadanos, una vez más, son testigos de la impunidad con la que opera la el Partido Verde y sus aliados. La fiscalización se ha convertido en una farsa descarada, donde los corruptos se protegen entre ellos mientras castigan con saña a quienes se atreven a desafiar su hegemonía. En este vergonzoso teatro de lo absurdo, la justicia es un chiste y la moral, un concepto inexistente. En el San Luis Potosí de la «gallardía», la corrupción no solo es norma, sino que es defendida con descaro y cinismo por sus operadores políticos.
